Cooperativa de Trabajo Asociado-Lo que no se puede contratar- Sanciones

¿Qué actividades no puede contratar una empresa con una Cooperativa de Trabajo Asociado?

PROHIBICION GENERAL. Ninguna empresa del sector público o privado puede contratar con una Cooperativa de Trabajo Asociado o Precooperativa de Trabajo Asociado, procesos o actividades misionales permanentes. Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

ACTIVIDAD MISIONAL. “Se entiende por actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa”. Decreto 2025 de 2011 Art.1

S.A.S – “En el caso de las sociedades por acciones simplificadas -SAS-, enunciadas en el artículo 3° de la Ley 1258 de 2008, actividad permanente será cualquiera que esta desarrolle”. Parágrafo Art 1 decreto 2025

INTERMEDIACION LABORAL. También les está prohibido expresamente a las –CTA- realizar intermediación laboral, mediante el envio de trabajadores en misión para prestar servicio a empresas o instituciones, actividad esta que solo le es permitida a las empresas de Servicios Temporales de conformidad con lo establecido en la Ley 50 de 1990, artículo 71, y el Decreto 4369 de 2006

CONDUCTAS ILEGALES. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y el tercero que contrate con estas y esté involucrado en una o más de las siguientes conductas será objeto de las sanciones de ley cuando la Cooperativa o Precooperativa:

• No tenga independencia financiera.

• No tenga la propiedad y la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que se contraten.

• Tenga vinculación económica con el tercero contratante.

• No ejerza frente al trabajador asociado la potestad reglamentaria y disciplinaria.

• Las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no sean impartidas por la cooperativa o precooperativa.

• Los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones, ni de los excedentes o rendimientos económicos de la cooperativa o precooperativa.

• Los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.

• No realice el pago de las compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social.

• La asociación o vinculación del trabajador asociado a la CTA no sea voluntaria.

SANCIONES.
Multas. El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, del Ministerio de la Proteccion Social y con destino al SENA, de acuerdo a la ley 1429 de 2010 art 63, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones asi:

-Incurra en una o más conductas de las señaladas anteriormente.

-Incurra en intermediación laboral. Art. 4

-Que contrate procesos o actividades misionales permanentes. Art 4

-Actué como asociación o agremiación para afiliación colectiva de trabajadores independientes a la seguridad social integral. Art 5.

Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 4 del artículo 7° de la Ley 1233 de 2008, con base en el cual el Inspector de Trabajo reconocerá el contrato de trabajo realidad entre el tercero contratante y los trabajadores.

Las multas establecidas serán impuestas, con base en los siguientes parámetros:

Número total de trabajadores asociados y no asociados Valor multa en smmlv
De 1 a 25: De 1.000 a 2.500 smmlv
De 26 a 100: De 2.501 hasta 3.000 smmlv
De 101 a 400: De 3.001 hasta 4.000 smmlv
De 401 en adelante: De 4.001 hasta 5.000 smmlv

Estas sanciones se impondrán en la misma proporción a las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y a los terceros.

DISOLUCION. Serán objeto de disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en prácticas ya señaladas. La superintendencia de economía solidaria y las demás superintendencias, para el caso de cooperativas especializadas cancelaran la personería jurídica.

FALTA GRAVE El Servidor Público que contrate con Cooperativas o Precooerativas de Trabajo Asociado, que hagan intermediación laboral incurrirá en falta grave, que podrá ir hasta destitución conforme al Código Único Disciplinario. Art 7 decreto 2025.

RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO LABORAL. Si adelantada la correspondiente investigación, el Inspector del Trabajo, en ejercicio de sus competencias administrativas concluye que el tercero contrato con una Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado incurriendo en intermediación laboral o que concurren cualquiera de los otros presupuestos de hecho y de derecho para que se configure un contrato de trabajo realidad, así deberá advertirlo, sin perjuicio de las sanciones establecidas para el caso y de las facultades judiciales propias de la jurisdicción ordinaria laboral. Art. 4.

VIGENCIA DE LAS PROHIBICIONES. Rigen a partir del 16 de junio de 2011, fecha en que entró en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1450 de 2011.

CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA

Acoso laboral- Público y Privado- Prueba

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¿En qué situaciones se presume que hay acoso laboral y en cuales no?

CONDUCTAS GENERADORAS DE ACOSO LABORAL. Se entienden por estas las distintas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan su actividad económica en el contexto de una relación laboral privada o pública. Ley 1010 de 2006. Art 1.

CONDUCTAS ESPECIFICAS La ley establece que se presumirá la existencia de acoso laboral cuando el quejoso demuestre haber sido sometido a actos de agresión física, injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de compañeros de trabajo, haber sido objeto de burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir frente a terceros, haber sido atacado mediante expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; haber recibido anónimos, llamadas telefónicas y mensajes electrónicos con contenido injurioso , ofensivo o intimidatorio Art 7.

CLASES DE CONDUCTAS. La Corte constitucional ha precisado que debe distinguirse entre si la conducta ocurrió públicamente o en privado, pues esto trae consecuencia jurídicas diferentes desde el punto de vista probatorio.

CONDUCTA PÚBLICAS
PRESUNCION DE ACOSO LABORAL La ley la establece que cuando se acredite la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las actuaciones enumeradas en el artículo 7 de la Ley 1010, existirá una presunción de acoso laboral, la presunción opera aquí de manera automática, debiendo ser tenida por la autoridad competente como acoso laboral.

NO HAY PRESUNCION DE ACOSO. Corte Constitucional sentencia C-780 de 2007:

1- Cuando se trate de la ocurrencia de una actuación que no se encuentre taxativamente contemplada en el articulo 7 de la ley 1010, la autoridad tiene la facultad de valorar si la misma, dada su gravedad, configura acoso laboral, de conformidad con la definición que se hace del mismo en el artículo 2° de la Ley;

2- “Cuando la denuncia se produzca por la ocurrencia de una única conducta hostil, la autoridad deberá apreciar tal circunstancia y la valorará según su gravedad, por su capacidad de ofender por sí sola los derechos fundamentales del denunciante y determinará si la misma constituye o no acoso laboral”

CONDUCTAS PRIVADAS. Cuando las conductas mencionadas en el articulo 7 de la ley 1010,tengan ocurrencia en privado la presunción no opera y, en consecuencia, la ocurrencia deberá ser demostrada por los medio de pruebas reconocidos en el Código de Procedimiento Civil, de suerte que si cualquiera de estas conductas logra ser acreditada, la autoridad competente deberá tenerla como acoso laboral”

Si bien son igualmente lesivos de garantías fundamentales, las conductas pública como las privadas no son igualmente evidentes ni manifiestos, en las conductas privadas “sobre el quejoso recae una carga argumentativa adicional tendiente a ofrecer al juzgador los elementos de juicio suficientes y necesarios para que llegue a la convicción de estar ante una de las modalidades de acoso laboral y que, de dicha constatación, puedan desprenderse las consecuencias jurídicas establecidas por la ley a que haya lugar frente a la víctima, como al autor” Sentencia C- 780 de 2007 .


¿QUE ES UNA PRESUNCION? Presumir significa dar una cosa por cierta”sin que este probada, sin que nos conste” (Jairo Parra Quijano).

La presunción será legal cuando admite prueba en contrario y de derecho cuando no existe posibilidad de desvirtuarla.

“La presunción exime, entonces, a quien la alega, de la actividad probatoria. Basta con caer en el supuesto del hecho indicador establecido por la norma para que opere la presunción. Así, lo que se deduce a partir del hecho indicador del hecho presumido no necesita ser mostrado. Se puede, sin embargo, desvirtuar el hecho indicador y se admite, por tanto, la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configura la presunción, cuando quiera se trate de una presunción legal, ósea que admite prueba en contrario.”

PRUEBA. Tanto las conductas que sean desplegadas en público, como aquellas que lo sean en privado, para que constituyan acoso laboral, deben ser demostrables y que dentro del procedimiento iniciado con la denuncia de los hechos ante la autoridad competente, quien haya sido víctima en una u otra circunstancia no se encuentra eximido de acreditar la ocurrencia de los mismos, esto es, en ninguno de los dos casos el quejoso se ve relevado de demostrar que la situación alegada cae en el supuesto del hecho indicador ha señalado la Corte Constitucional.

CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA

Casación - Cuantía

¿Cuántos salarios mínimos se requieren para acudir al recurso de casación?

Respuesta: 120 Salarios mínimos legales vigente ($62.272.000, para el año 2011).

RECURSO DE CASACION. Es un recurso extraordinario que solo procede ante la Corte Suprema de Justicia por los motivos o circunstancias expresamente señaladas por la ley, el cual aplica ante sentencias no ejecutoriadas y esta limitado a lo pedido por el recurrente.

No puede ser considerado como una tercera instancia porque no todos los fallos pueden ser objeto de esta instancia, pues tiene un caracter extraordinario.

NORMA GENERAL. La Ley 1395 de 2010, con el fin de lograr la descongestión judicial estableció en su artículo 48, que solo serían susceptibles de recurso de casación los procesos cuya cuantía excedan de 220 veces al salario mínimo legal mensual vigente, ($ 117.832.000 para el año 2011), norma que ha sido declarada inexequible mediante sentencia de la corte constitucional C-372 de 2011.

FUNDAMENTOS DE LA DECISION “A juicio de la Corte, el aumento de la cuantía de 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 220 salarios para determinar el interés de acudir en casación laboral, prevista en el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, imponía una grave restricción del derecho a acceder a la justicia de la gran mayoría de los trabajadores colombianos, cuyo ingreso apenas asciende a un salario mínimo. En efecto, la norma exigía para un inmenso número de trabajadores un requisito imposible de cumplir que haría por tanto nugatorio el ejercicio de este recurso extraordinario.”

FINES DE LA CASACION. "Por ello, la Corte estimó que para hacer un análisis de los fines de la casación laboral, resulta fundamental tener en cuenta que a través de la labor de corrección de los fallos y de unificación de la jurisprudencia por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se hacen efectivos importantes derechos constitucionales –
- El derecho fundamental al trabajo,
- el respeto por las garantías mínimas consagradas en el artículo 53 Superior,
- los derechos de asociación,
- los derechos sindicales
y la seguridad social, particularmente en materia de pensiones.

COMPETENCIA PARA DETERMINAR CUANTIA. A pesar de que el legislador tiene un amplio margen de configuración en materia del diseño de los procesos judiciales y en la determinación de la cuantía para acceder a ellos, esta competencia no es absoluta señalo la Corte Constitucional, ya que está limitada por el respeto a los derechos fundamentales, la efectiva realización del derecho sustancial y la razonabilidad y proporcionalidad de la medida Sentencia C- 372 de 2011.

INCREMENTO DESPROPORCIONADO. De otra parte continua la Corte, "la norma acusada comprende un aumento drástico de las cuantía para acceder a casación sin que el legislador justificara las razones para ello, en términos de otros derechos fundamentales o principios constitucionales. En efecto, el legislador en el año 2001 había ascendido la cuantía para acudir en casación de 100 salarios mínimos (Decreto 719 de 1989), a 120 salarios mínimos (Ley 712 de 2001). Con la reforma de la Ley 1395 de 2010, el legislador aumentaba en un 83% el interés para acudir en casación, cerrando el acceso de la gran mayoría de los procesos laborales, sin que el legislador hubiese explicado las razones de un aumento tan drástico".

NORMA REGRESIVA." Finalmente, la Corporación consideró que la medida era regresiva, ya que hace parte de una serie de normas que en un lapso histórico de cerca de 20 años han incrementado el interés para recurrir en casación en un total del 340%, sin que la situación económica de los trabajadores en ese mismo periodo haya mejorado. Esto ha significado un restricción progresiva de la posibilidad de la mayoría de los trabajadores colombianos de acudir a la casación, un recurso que cumple un papel fundamental en el Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta que aún hoy el promedio de los trabajadores no alcanza a percibir ni dos salarios mínimos, según las estadísticas del DANE allegadas al proceso".

NORMA VIGENTE. En relación con los efectos de la declaratoria de inexequibilidad el Consejo de Estado en sentencia del 29 de septiembre de 1982 (Exp. 882) precisó que la inexequibilidad no es equivalente a derogación, teniendo en cuenta que la norma anterior recobra su vigencia al producirse la inexequibilidad de la ley que la había modificado o derogado, pero como la inexequibilidad solo tiene efectos hacia el futuro, los actos cumplidos en virtud de la norma declarada inexequible conservan su plena eficacia jurídica, lo que significa que de nuevo a partir del 19 de mayo de 2011 están vigentes los 120 salarios mínimos legales.

CESAR AUGUSTO DUQUE MOSQUERA